El escrito del Departamento de Justicia, y por qué no es un amicus
El 1 de septiembre de 2026 el Departamento de Justicia de EE. UU. registró un escrito de veinte páginas en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, dentro del procedimiento consolidado In re: OpenAI, Inc. Copyright Infringement Litigation (25-md-3143), que instruye el juez Sidney H. Stein. Casi toda la cobertura lo ha llamado amicus curiae, y no lo es: es un Statement of Interest of the United States, presentado al amparo del 28 U.S.C. § 517. La diferencia no es cosmética. Un amicus necesita permiso del tribunal o de las partes; con el § 517 comparece directamente el Gobierno, sin pedirle permiso a nadie y sin límite de plazo.
Firman Stanley E. Woodward Jr. (Associate Attorney General), Brett Shumate (Assistant Attorney General de la División Civil) y Michael Weisbuch. El escrito abre declarando que "the United States has a strong interest in continuing to develop a robust and competitive artificial intelligence industry that sets the standard for the practice and procedure of AI use globally", o sea, que a Estados Unidos le interesa mucho seguir desarrollando una industria de IA potente que marque el estándar mundial. Y ata ese interés a la seguridad nacional: las normas que dificulten desarrollar IA en EE. UU. "threaten national security and give a competitive advantage to foreign adversaries", dan ventaja a los adversarios extranjeros. Es la primera vez que el Gobierno federal se posiciona formalmente en la oleada de pleitos por el entrenamiento de modelos.
Otro detalle que se ha contado a medias: aunque el titular sea el New York Times, el escrito no se limita a ese caso. En una de sus notas el DOJ aclara que usa los nombres del Times y de OpenAI para simplificar, pero que sus argumentos valen igual para todas las partes del litigio consolidado, incluidos autores y editoriales de libros.
El argumento separa adquisición, entrenamiento y salida
El núcleo del escrito es una separación en tres fases: cómo se consiguen las obras, cómo se entrena con ellas y qué genera el modelo después. El DOJ solo defiende la fase de entrenamiento. Sobre ella dice que el uso de copias para entrenar un modelo es "extraordinarily transformative", extraordinariamente transformativo, porque el modelo no reproduce el contenido expresivo de la obra, aprende relaciones entre datos. Se apoya en Google v. Oracle, Authors Guild v. Google, Bartz v. Anthropic y Kadrey v. Meta.
La concesión importante está enterrada en la página 11 y casi nadie la ha titulado: "To be sure, at the output (rather than training) stage, certain uses may not be transformative if the LLM reconstructs and disseminates an original copyrighted work". En pocas palabras, que en la fase de salida, si el modelo reconstruye y difunde la obra original, la cosa cambia. El Gobierno no está bendiciendo lo que ChatGPT escribe, está bendiciendo cómo se le enseñó a escribirlo.
Donde el escrito se vuelve incómodo para cualquier editor es en el argumento contra las licencias. El DOJ sostiene que obligar a licenciar dejaría el entrenamiento en manos de quien pueda pagarlo, y lo dice con estas palabras: no interesa al público que las mayores tecnológicas tengan "an oligopoly on LLM training due to licensing entry barriers that function primarily as large subsidies for old mainstream media companies". Traducido: unas barreras de entrada por licencias que funcionarían sobre todo como subvenciones a los medios tradicionales. En una nota al pie matiza que no toma posición sobre si un régimen de licencias sería viable, pero la frase ya está escrita.
Para rematar el argumento del cuarto factor del fair use (el daño al mercado), el escrito recurre a una analogía literaria: Joan Didion se pasó la adolescencia mecanografiando relatos de Hemingway "to learn how the sentences worked", para aprender cómo funcionaban las frases. Bajo la lógica de la sentencia Kadrey, viene a decir el DOJ, Didion habría respondido frente a Hemingway cada vez que publicaba algo. Y cierra con una frase que se va a citar durante años: si esta tecnología merece reescribir el derecho de autor, "is a policy question best left to the People and their elected representatives", es una decisión política que corresponde al legislador, no al juez.
Qué decide este escrito (nada) y qué está pasando alrededor
Conviene bajar el globo. Un Statement of Interest no tiene ningún valor vinculante: no es sentencia, ni norma, ni criterio administrativo. Es un tercero opinando con mucho peso político y cero peso jurídico. El juez Stein puede ignorarlo entero, y sigue atado al precedente del Segundo Circuito y a Andy Warhol v. Goldsmith, que el propio DOJ tiene que citar y esquivar. La fase que se está resolviendo es el summary judgment sobre fair use, y no hay fecha pública de resolución.
Alrededor están pasando dos cosas que conviene leer juntas. El 28 de agosto, Sony Music Publishing y Warner Chappell demandaron a Anthropic en el Distrito Norte de California por una "brazen campaign of illegally torrenting, scraping, and downloading copyrighted works", una campaña descarada de torrents, scraping y descargas para entrenar. Esa demanda ataca la adquisición, no el entrenamiento, así que sobrevive intacta aunque la tesis del DOJ triunfe. Es exactamente la distinción que ya hizo el juez Alsup en Bartz v. Anthropic: entrenar puede ser lícito, piratear para conseguir el material no.
La otra es de andar por casa para quien vive de publicar. A finales de agosto, en la vista de las mociones de desestimación de Penske Media v. Google y Chegg v. Google, el juez Amit Mehta habría dicho que la situación de los editores con AI Overviews "seems really unfair" y que la función se construye "on the backs of the publishers", a costa de los editores. Ojo con estas dos frases, que circulan a través de los mensajes de Jason Kint, que asistió a la vista, y no de una transcripción oficial. Mehta no ha resuelto nada todavía.
Por qué en España este argumento no te sirve de nada
El fair use es una cláusula general y abierta del derecho estadounidense: un juez pondera cuatro factores y decide. En la Unión Europea no existe nada parecido, aquí se trabaja con una lista cerrada de excepciones. Un tribunal español no puede importar el razonamiento del DOJ ni aunque Stein lo compre entero.
Lo que sí aplica es otra cosa. La Directiva (UE) 2019/790 regula la minería de textos y datos en dos artículos: el 3, para investigación científica, y el 4, la excepción general sobre obras de acceso lícito. Y el artículo 4.3 es el que te interesa, porque permite al titular reservarse expresamente ese uso por medios legibles por máquina. Si has hecho esa reserva, la excepción deja de aplicarse. En España la transposición vino por el Real Decreto-ley 24/2021. Encima está el Reglamento de IA (UE) 2024/1689, cuyo artículo 53.1.c) obliga a todo proveedor de modelos de uso general a tener una política de cumplimiento del derecho de autor de la Unión y a respetar esas reservas, con un considerando que deja claro que da igual dónde se entrenara el modelo si luego se comercializa aquí.
Y hay precedente en sentido contrario al del DOJ. El 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Regional de Múnich I resolvió en GEMA contra OpenAI que la memorización de letras de canciones dentro del modelo es reproducción y queda fuera de la excepción de minería de datos, que solo cubre la fase analítica. Lo que Washington declara protegido, un tribunal alemán ya lo declaró infracción. Si publicas en España, tu partida se juega en tres sitios muy poco épicos: si has declarado la reserva del artículo 4.3 de forma legible por máquina, qué dice tu contrato con cada plataforma, y si el proveedor cumple el artículo 53. Revisar lo primero es media hora de trabajo, o mejor, tira de MCP y pídele a tu agente favorito que te audite la reserva y el SEO para IA de tus plantillas de una sentada.
Mi lectura
Que el Gobierno de EE. UU. defienda a su industria era bastante previsible. Lo que me ha llamado la atención es la frase de las subvenciones a los medios tradicionales. Ahí hay una posición de fondo: que el contenido periodístico es materia prima y que cobrarlo es una barrera de entrada. Con eso escrito por el Departamento de Justicia, cualquier negociación de licencias que tuviera un editor abierta en Estados Unidos acaba de empeorar.
Dicho eso, para el trabajo del día a día en España esto no cambia nada, y me parece importante decirlo. Tu reserva de derechos no depende de un juez de Nueva York. Si no la tienes declarada de forma legible por máquina, no la tienes, y ese es el rato que merece la pena invertir esta semana.