El Abogado General del TJUE concluye que Gemini puede vulnerar el derecho de los editores de prensa si elude un muro de pago o si su respuesta sustituye al artículo

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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, Maciej Szpunar, presentó el 3 de noviembre de 2026 sus conclusiones en el asunto C-250/25, Like Company contra Google Ireland, el primer caso de IA generativa que llega al Tribunal. Propone que la respuesta de un chatbot vulnera el derecho de los editores de prensa si accedió al artículo eludiendo una medida técnica eficaz, como un muro de pago, o si reproduce su forma de expresión hasta ahorrarle al usuario leer el original. Las preguntas sobre el entrenamiento las considera inadmisibles. Las conclusiones no son vinculantes y no hay fecha de sentencia.

El asunto C-250/25: un artículo sobre delfines en el Balaton y un resumen de Gemini

Like Company es una empresa húngara que explota varios portales web, entre ellos balatonkornyeke.hu, con artículos de acceso libre financiados con publicidad y sin muro de pago. Demandó a Google Ireland ante el Budapest Környéki Törvényszék (el comunicado en español lo llama Tribunal General del Extrarradio de Budapest) por un artículo publicado el 21 de julio de 2023 sobre el plan del cantante Kozsó de meter delfines en un acuario del lago Balaton. No reclama derechos de autor sobre el artículo, sino el derecho afín que el artículo 15 de la Directiva 2019/790 (la Directiva CDSM) concede a los editores de prensa sobre el uso en línea de sus publicaciones. Like Company pidió a Gemini un resumen del artículo en húngaro y lo obtuvo; según las conclusiones, el resumen usa términos distintos, solo coincide la primera frase y «can hardly be regarded as 'identical'», difícilmente puede considerarse idéntico.

Según el comunicado de prensa del Tribunal, Like Company alega que Google usó sus artículos para entrenar los modelos de Gemini y que los reprodujo y los puso a disposición del público a través del chatbot entre el 13 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, un periodo que cubre primero Bard y después Gemini. El tribunal húngaro suspendió el procedimiento y remitió cuatro cuestiones prejudiciales, registradas en el Tribunal de Justicia en abril de 2025. Dos preguntan si usar publicaciones de prensa para entrenar un modelo de lenguaje es una reproducción o la ampara la excepción de minería de textos y datos del artículo 4 de la Directiva. Las otras dos preguntan por las respuestas del chatbot: si son una comunicación al público y si hay una reproducción imputable al proveedor cuando el usuario pide un texto de prensa y la respuesta muestra parte o todo su contenido.

Presentaron observaciones escritas Like Company, Google, la Comisión Europea y nueve gobiernos, entre ellos España, y la vista se celebró el 10 de marzo de 2026 ante la Gran Sala. Las conclusiones (ECLI:EU:C:2026:919) tienen 240 puntos y, de momento, solo están publicadas en inglés como texto provisional. El propio Szpunar escribe que es el primer asunto de IA generativa que llega al Tribunal.

Las dos condiciones para que la respuesta de un chatbot infrinja el derecho del editor

Szpunar parte de que el derecho del editor «no protege los meros hechos relatados en las publicaciones de prensa, sino únicamente la forma de expresión específica de dichas publicaciones», según la versión española del comunicado. Su finalidad es proteger la inversión que supone elaborar la publicación, no dar a los editores un monopolio sobre la noticia. A partir de ahí, propone que la respuesta de un chatbot que recupera un artículo de la web del editor, lo reutiliza para generar la respuesta y se la entrega al usuario puede vulnerar el derecho de reproducción «en determinadas circunstancias», y que esas circunstancias dependen de dos factores.

El primero es el acceso. Cuenta si el chatbot «accedió a la publicación de prensa en cuestión de forma ilícita, en particular eludiendo medidas técnicas eficaces (como podría ser una barrera de pago), diseñadas para restringir el acceso a dicha publicación (o su extracción)». En la versión inglesa, «effective technical measures (such as a paywall) designed to restrict access to, or web-scraping of, that publication». Las conclusiones completas ponen como ejemplos el muro de pago y una medida diseñada específicamente para impedir el acceso o el scraping de bots, y añaden que eludirlas es además una infracción separada del artículo 6 de la Directiva 2001/29. También excluyen rastrear «obviously unlawful sources (such as pirate websites and shadow databases)», fuentes claramente ilícitas como webs piratas.

El segundo es el contenido de la respuesta. La infracción depende de si esta «se limita a relatar hechos contenidos en la publicación original o si, por el contrario, reutiliza la forma de expresión de dicha publicación de manera reconocible, hasta tal punto que el usuario, al leer dicha respuesta, deja de tener necesidad de acceder a la publicación original». Szpunar llama a la sustitución de la visita «the decisive factor». Parafrasear no es un puerto seguro: «Otherwise, the press publishers' right would be too easy to circumvent, in an age where LLMs may easily paraphrase rather than replicate». Lo que cuenta es si, pese al reformulado, se reconoce «a distinctive arrangement, structure and general phrasing», una disposición, estructura y redacción distintivas. Un resumen corto con otra presentación, o una síntesis de varias fuentes reestructurada por el modelo, no es reproducción, y entre lo uno y lo otro hay «a grey area» que se valora caso por caso. Un artículo puramente informativo es, por su naturaleza, menos reconocible que un análisis largo.

Para el derecho de puesta a disposición del público el listón es más alto: se vulnera «por regla general, cuando la forma de expresión de la publicación de prensa en cuestión es sistemáticamente reconocible» en las respuestas a las consultas sobre ese asunto. Y el proveedor del chatbot responde de esos actos «cuando estos sean inherentes al modelo de negocio de dicho proveedor o cuando este último no haya establecido las medidas adecuadas para contrarrestar dichos actos de forma creíble y eficaz». Las medidas que se esperan de un operador diligente son dos: programar los bots de recuperación para que respeten las restricciones de los editores y aplicar filtros de salida para que la respuesta quede «sufficiently removed from any specific publication», lo bastante alejada de cualquier publicación concreta.

Hay dos puntos más de las conclusiones que afectan a cómo se litiga. Sobre la prueba, como no existe obligación de transparencia sobre lo que rastrea un chatbot, «courts should be lenient with respect to the burden of proof borne by claimants»: una muestra razonable de respuestas parecidas al artículo o con enlaces a su página es indicio de uso y traslada a la empresa de IA la carga de probar lo contrario. Y sobre el consentimiento implícito, Szpunar rechaza el argumento de Google de que dejar los artículos en abierto equivale a consentir: el muro de pago es «a significant commercial choice», bloquear bots «is not as easy as it sounds» porque los bots de grounding y los de indexación «are not fundamentally different» y en Google «the same bots serve both functions», y usar «a protocol such as 'Robots.txt' or other measures designed to block those bots may affect the display of the website concerned in search engines». Tolerar la indexación no implica consentir el uso en un chatbot.

Entrenamiento: preguntas inadmisibles, excepción de minería de datos y robots.txt como reserva de derechos

Las dos preguntas sobre el entrenamiento las propone declarar inadmisibles por hipotéticas. El comunicado da dos razones: nada en el auto de remisión sustenta que los artículos de Like Company se usaran para entrenar Gemini, y entrenar un modelo de lenguaje no es una forma de «uso en línea» de publicaciones de prensa, que es lo único que cubre el derecho del artículo 15. Según la lectura de PPC Land, pesa también que el artículo del Balaton es anterior a Gemini 1.0, de diciembre de 2023.

Aun así, las contesta «en aras de la exhaustividad», y avisa de que en esa parte expresa «a provisional view only», una opinión provisional. Su posición es que, por regla general, el uso de obras y otros objetos protegidos para entrenar un modelo de lenguaje está amparado por la excepción de minería de textos y datos del artículo 4 de la Directiva. No porque el entrenamiento quede fuera del derecho de autor: «This is not comparable to a human learning to write by reading the works of others, if only because of the industrial scale of the process», no es comparable a una persona que aprende a escribir leyendo a otros, aunque solo sea por la escala industrial del proceso. El entrenamiento implica reproducciones (rastreo, tokenización y copias temporales), y la excepción exige dos cosas: acceso lícito y que el titular no haya reservado sus derechos.

Ahí entra robots.txt. Una reserva de derechos legible por máquina, como pide el artículo 4.3, vale cuando «state-of-the-art robots and associated technologies are capable of 'understanding' it with a sufficient degree of reliability at the moment of access», cuando los bots actuales pueden entenderla con fiabilidad en el momento del acceso. Según PPC Land, Szpunar considera que el protocolo robots.txt cumple ese requisito, igual que Google-Extended, el token que Google publicó el 28 de septiembre de 2023 sobre ese protocolo, y no descarta que valga una reserva en lenguaje natural en las condiciones de uso. Esto encaja con lo que comenté en Google dice que robots.txt solo decide el acceso de los bots y no qué hacen los sistemas de IA con lo ya rastreado: para Google es una señal de acceso, y para el Abogado General es además la reserva de derechos que condiciona la excepción.

Las conclusiones añaden una cautela sobre el resultado del entrenamiento. Cuando un modelo pueda producir de forma rutinaria contenido parecido al material con el que se entrenó, los desarrolladores «should demonstrate» que tienen salvaguardas, y «failing that, the national court adjudicating the case should refuse the application of the TDM exception», es decir, sin salvaguardas, el tribunal nacional debe negar la excepción. Según PPC Land, Szpunar rechaza también que solo pueda regular el entrenamiento el país donde está la infraestructura principal, y que la recuperación en tiempo real no copie nada porque el artículo va al prompt y no a la respuesta. Sobre la afirmación de Google de que Google-Extended permite salir del entrenamiento y del grounding sin afectar a la visibilidad en el buscador, su respuesta es «That would need to be verified», habría que verificarlo.

Qué pasa ahora, la respuesta de Google y qué cambia para un editor en España

Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal. El comunicado dice que los jueces «comienzan ahora sus deliberaciones» y que la sentencia se dictará «en un momento posterior», sin fecha. El Tribunal de Justicia tampoco resuelve el pleito húngaro: interpreta la Directiva y es el tribunal de Budapest quien aplica esa interpretación, que vincula también al resto de tribunales nacionales con un problema similar. Aplicado al caso concreto, y a reserva de lo que decida el tribunal húngaro, Szpunar escribe que Like Company no tenía medidas técnicas, que en el ejemplo no se reconoce la forma de expresión del artículo, que el uso no es inherente al modelo de negocio de Google y que «Google seems to have put in place appropriate measures to mitigate the risk of such acts occurring». Duda incluso de que esos portales sean «publicaciones de prensa», porque «seem far removed from the publishers of 'traditional' newspapers that the legislature had in mind», aunque deja la calificación al tribunal remitente.

Google respondió el mismo día a Reuters. Un portavoz dijo que las excepciones de minería de textos y datos «are vital for Europe's competitiveness and AI development», que reconocen que la opinión admite «that EU law permits AI training on publicly available information» y que Gemini «learns linguistic patterns to create original outputs rather than replicating content», con controles para que los titulares puedan excluirse. Por el lado de los editores, Angela Mills Wade, del European Publishers Council, dijo a Reuters que «Publishers should not have to choose between search visibility and protecting their rights». El titular de Xataka habla de que los medios ganan terreno para reclamar compensaciones; el comunicado no menciona compensaciones ni indemnizaciones. Lo que sí escribe Szpunar es que su interpretación deja a los editores «in a strong bargaining position» y puede empujar a los proveedores de chatbots a firmar licencias, y que la misma tecnología de recuperación está detrás de AI Overviews y AI Mode.

El derecho del artículo 15 existe en España desde la transposición de la Directiva por el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, como artículo 129 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, así que la interpretación que fije el Tribunal se aplicará aquí igual. Si prospera la propuesta de Szpunar, la primera vía de infracción depende de lo que el editor tenga desplegado: un muro de pago o una medida específica contra el scraping de bots convierten en ilícito el acceso del chatbot que las elude, y un robots.txt es la reserva de derechos que le quita al entrenamiento el amparo de la excepción de minería. Un sitio abierto y sin reserva, como el de Like Company, solo tiene la segunda vía, la de la respuesta que sustituye al original, con la ayuda de la muestra de respuestas como prueba. Es la misma frontera que está en juego en El New York Times demanda a Brave por rastrear sin identificar su crawler y vender su índice a empresas de IA, un pleito que, según PPC Land, las conclusiones citan a través de la demanda de la Alliance de la presse d'information générale contra Brave.

Lo que las conclusiones no resuelven: cuánto pierde en el buscador un editor que bloquee Google-Extended, un punto que el Abogado General deja por verificar; si existe una salida separada para AI Overviews y AI Mode distinta de salir del índice; y qué pasa con un muro de pago que el bot puede leer en el HTML, porque la medida técnica tiene que ser eficaz y las conclusiones no entran en qué muros lo son. El Reglamento de IA queda fuera del caso, porque los hechos van de junio de 2023 a mayo de 2024, aunque Szpunar cita el código de buenas prácticas para modelos de propósito general de julio de 2025. Y cierra con una advertencia: «There is a real danger that, without adequate control by, and compensation for, rightholders for such intrusive uses of their protected content, the internet becomes entirely controlled and exploited by AI-enhanced intermediaries».